La transgresión de la Constitución y las leyes ha sido una constante del gobierno obradorista. Según lo prometió, envía al diablo nuestras instituciones. Es de sobra conocido que Morena gobierna para acumular todo el poder posible y para ello usa las elecciones. En ellas realiza campañas ilegales, coacciona el voto de los beneficiarios del gasto “social”, se apoya en el crimen organizado para inhibir a la oposición y robar elecciones. Además de los dineros que recibe por ley, utiliza ilegalmente los recursos de los tres niveles de gobierno que controla y recibe otras “ayudas” por debajo de la mesa. El presidente de la República no duda un segundo en apoyar a los candidatos de su partido desde la tribuna, aunque lo prohíban la Constitución y la ley. Tampoco queda duda alguna de que acosa y ahoga a las instituciones electorales, principalmente al INE, al Tribunal electoral y a los partidos que se le oponen, ni que desacata abiertamente sentencias del tribunal. Para colmo de males, la fiscalía para delitos electorales obedece sin chistar los dictados del Presidente.

La suma configura un patrón de conducta delincuencial franco y abierto. La conclusión obligada es que ni el presidente ni Morena son actores democráticos. Una vez que triunfaron, pasaron de ser un equipo más de jugadores a ser dueños del estadio, de los árbitros y de todo lo que hagan los equipos contrarios. En otras palabras, con el trofeo en mano, cancelaron la siguiente temporada. Todo en nombre del pueblo y sujetándolo a sus dictados. Han demostrado su decisión de usar todo el poder del gobierno para imponerse en las urnas con indiferencia de lo que los ciudadanos voten. Veremos si lo consiguen.

Mientras tanto, como ante las invasiones extranjeras, el ataque organizado contra la democracia en nombre de una aberración autoritaria justifica la resistencia y el contrataque desde todos los bastiones democráticos, no importa si cada uno de ellos por separado tiene propuestas de política diferentes: lo que importa es que su interés mayor, hoy por hoy, es la preservación y el desarrollo democrático de México. De ahí la razón que asiste a la promoción de una gran alianza civil para empujar una coalición política que tiene su primer embrión en Va por México. En las condiciones creadas por Morena, ningún partido, ningún movimiento ciudadano podrá competir para ser gobierno si no hay democracia. Hasta el momento es incierto si el presidente logra eliminar la autonomía del INE y del tribunal. PRI, PAN y PRD han ofrecido una moratoria constitucional. Por eso, dar paso a la reforma político-electoral de AMLO es suicida para los demócratas. Si se aprobase, asistiríamos a la restauración de un sistema autoritario que quiere parecerse al que predominó entre 1933 y 1997. Los partidos de oposición languidecerían y Morena sería un aparato permanente de control en manos del gobierno para impedir el surgimiento de otras alternativas políticas. Con esa reforma, la elección de 2024 sería solamente la ratificación del descorche presidencial y el avasallamiento del Congreso y los estados que le faltan.

Hay quienes abrigan la esperanza de que en 2024 podría volver a haber alternancia. Entre otros, eso espera Movimiento Ciudadano. La expectativa tiene pies de barro. Morena está dispuesto a saltar todos los controles democráticos para conservar el poder, así sea imponiéndose como lo ha hecho en la mayor parte de los estados donde no le resultaba fácil ganar. Este error podría convertir a Movimiento Ciudadano en la versión minimalista de lo que fue el gran palero del PRI, el PPS de Cruickshank en los años sesenta del siglo pasado. Una especie de partido verde recargado que igual sirvió para un barrido que para un fregado.

La prioridad de los demócratas es garantizar la democracia contra el proyecto autocrático de Morena con un gran frente nacional. Nadie, ni siquiera el “pueblo”, tiene el derecho de abolirla en nombre de la soberanía, porque la soberanía perece junto con esa abolición, como lo demuestran Cuba, Nicaragua, Venezuela y los que se acumulen.