Por Alberto Vizcarra Ozuna
Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, todo acontecimiento, relacionado o no, con las decisiones del gobierno, adquiere por definición discursiva la connotación de histórico. Por ejemplo, se le da esa condición al aumento de las reservas en dólares del Banco de México, así como a los incrementos en el envío de remesas, cuando son eventos que no están directamente relacionados con las decisiones del gobierno. Los incrementos en los índices de inflación registrados en últimos tres años, que no se presentaban desde hace más de dos décadas, también podrían alcanzar el galardón de históricos, aunque el gobierno no lo quiera admitir.
Al inicio de la presente administración, la inflación general registraba un índice del 3.3 por ciento, pero a partir del 2021 el incremento constante la llevó a mediados del mes de junio de 2022 al 8 por ciento. Un incremento inflacionario de más del 100 por ciento, que no se presentaba desde el 2001. El impacto de esto en los precios al consumidor es dramático, especialmente en el precio de los alimentos que conforman la canasta básica de la población. Hay productos alimenticios, como el huevo, el pan, la tortilla, el pollo, el aceite comestible, frijol y otros, que durante los últimos tres años sufrieron alzas que promedian cerca del 200 por ciento. La escalada de aumentos no parece tener freno, y toca también a otros productos utilizados como insumos para la producción, esto es el gas, gasolina, diesel y fertilizantes que aceleran el proceso inflacionario.
El presidente López Obrador se muestra confiado en que la dinámica de la oferta y la demanda termine por hacer sus ajustes y que pronto las cosas regresen a la normalidad. “Nosotros pensamos que vamos a ir bajando”, dijo a principios del mes de mayo de este año, en el contexto del pacto del presidente con las principales empresas privadas para frenar los aumentos de precios de 24 bienes básicos con la pretensión de reducir el balance de riesgo inflacionario. La firma del compromiso ha quedado en un gesto de buena voluntad, pero muy lejos de lograr el propósito planteado. Las palabras no conjuran el fenómeno y la inflación sigue galopando. Diversos estudios coinciden en que se podría estar cerrando el tercer trimestre del año con una inflación general por encima del 10 por ciento, lo cual arrojaría un incremento del 200 por ciento en lo que va de la presente administración federal.
Señalar que los altos precios que se están padeciendo en México, se deben a factores externos, es una verdad a la que el presidente recurre para tratar de consolar a la población. Lo plantea como un fenómeno que escapa a las facultades y responsabilidades de la presidencia. El gobierno procura que el pueblo se tranquilice al presentarle los comparativos inflacionarios de los países desarrollados, que nominalmente son mayores, pero en relación con los salarios e ingresos medios de los mexicanos se descuadra la comparación.
El ritmo inflacionario está golpeando severamente la capacidad de consumo y en pocos meses se ha devorado los programas asistencialistas del gobierno para atenuar la pobreza, así como los presumidos aumentos al salario mínimo. Es previsible que el crecimiento de la pobreza de los últimos años, tome un mayor impulso como consecuencia de la inflación desenfrenada.
No se trata de un fenómeno pasajero, como se percibe que lo procesa el gobierno. Tampoco de un problema que con ajustes aleatorios se pueda corregir en lo fundamental. La hiperinflación mundial es la fiebre de un sistema financiero internacional, que desde la crisis hipotecaria del 2008, profundizó su desprecio por los valores físico-productivos y eligió una política de rescates de los activos financieros, con la promesa de que con ello estabilizarían la inflación y el crecimiento económico. El estímulo a la especulación, hizo que el sector financiero de la economía creciera en forma constante y exponencial, mientras que se estancó la producción y en algunos casos descendió.
Esta dinámica sistémicamente especulativa, es la que empuja el proceso hiperinflacionario, que desarmó a la economía occidental para enfrentar la pandemia del Covid y se propone expandir sus controles territoriales para asaltar los bancos de materias primas ubicados en África, América Latina y Eurasia. Es una política económica neocolonialista e inherentemente vinculada a la necesidad de la guerra.
En no pocas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha evocado la figura de Franklin D. Roosevelt. Lo volvió a hacer este martes 12 de julio en su visita a Washington. Ubica el lanzamiento de “un torbellino de iniciativas” del presidente Roosevelt, en el momento en que Estados Unidos padecía una de las crisis económicas más profundas. Pero en todo momento en que se ha referido a la grandeza del personaje, omite mencionar la acción ejecutiva fundamental del presidente norteamericano que revirtió el proceso de la Gran Depresión. Nunca menciona que fue el presidente que instrumentó la Ley Glass-Steagall, con la que el gobierno puso freno a la especulación financiera y a su derivada hiperinflacionaria, con la intervención por bancarrota al sistema bancario norteamericano, haciendo una estricta separación entre la banca especulativa (de inversión) y la banca comercial y de crédito, comprometida con los procesos productivos, prestación de servicios y desarrollo de las empresas.
Evocar la grandeza de Roosevelt, sin mencionar, y peor aún, sin emular la profundidad correctiva de sus acciones, no es tener a la historia como maestra, sino como fuente de relatos anecdóticos y románticos, desvinculados de la solución a los problemas actuales que guardan la misma característica y causalidad.
Ciudad Obregón, Sonora, 13 de julio de 2022
