Cuando me uní al equipo de Gonzalo Martínez Corbalá (QEPD), entonces director del ISSSTE, en 1992, como responsable de las finanzas del Instituto, la gran preocupación era el hoyo negro de las pensiones en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Se efectuaron auditorías para controlar los pagos, evitar que se cobrara por familiares cuando ya había fallecido el beneficiario (a). Se depuró el padrón, pero la carga fiscal sigue siendo enorme y se incrementa con el tiempo.

La curva se aceleró cuando AMLO bajó salarios a los trabajadores federales, pues muchos prefirieron retirarse con un monto alto, antes de que sus salarios se redujeran. Éstos gozan de los servicios médicos de la institución y muchos padecer enfermedades crónicas degenerativas que implican una erogación mensual en medicamentos.

En ese momento, atender a toda la población con las medicinas específicas en cada clínica, hospital y región requirió rehacer los procedimientos para contar con la información de pacientes, enfermedades endémicas en ciertas zonas y, al hacerse las compras consolidadas, el sistema se perfeccionó.

Con AMLO las compras consolidadas se acabaron. Muchos laboratorios quebraron. Se redujo la producción de vacunas y medicinas en México, pese a contar con la calidad internacional. La decisión presidencial implicaba un razonamiento que se basaba en la total ignorancia de la compra y distribución de medicamentos. Decidió que era muy caro el sistema de distribución y supuso imperaba la corrupción. Lo cierto es las compras consolidadas bajaron costos. Al comprar volumen, todos se beneficiaron, bajaron precios, se planeó la producción, y se creó un sistema de distribución que entregaba en cada clínica u hospital la cantidad específica de los medicamentos solicitados. Esto implicaba un traslado especial en muchos casos, con sistemas de refrigeración, con caducidad adecuada, en cada rincón del país.

Hay otras subrogaciones, cuando el ISSSTE no cuenta con los equipos especializados o tratamientos que no se han implementado se recurre a la subrogación, primero entre el propio sector público, para ver si otra institución cuenta con lo requerido, si no es el caso y el paciente requiere necesariamente estudio o tratamientos se hacen con instituciones privadas.

Con Gonzalo Martínez Corbalá, como director del ISSSTE, se tomó la decisión de bajar el costo de subrogaciones, modernizando equipos, mejorando capacitación de médicos y enfermeras para mejorar la atención médica. Los ahorros en esa época alcanzaron para remodelar el Centro Médico 20 de Noviembre y 10 hospitales regionales más. Se compraron equipos médicos en Europa y Estados Unidos, ya que en México no se producen.

También se logró controlar el robo hormiga que algunos empleados realizaban en lugares, donde tras analizar dotaciones, se detectaron incongruencias. Eran robos menores de alimento para bebés, pañales, pañuelos faciales, medicinas de uso común; la merma no era cuantiosa, pero debía pararse y se logró con la colaboración de médicos y administradores de farmacias.

La tesorería también colaboró para cobrar a muchos morosos, que aun cuando descontaban a los trabajadores el monto de las cuotas de seguridad social de su salario, no las entregaban al ISSSTE y se disponía de ellas para otros fines. Pese a resistencias, en algunos casos se suspendió la atención a empleados de instituciones morosas, no sin gran escándalo, pero finalmente, tras la amenaza de la posibilidad de ir a la cárcel, los directivos efectuaron los pagos y se regularizaron.

Intervenir con la policía al ISSSTE me parece excesivo, pues el problema es administrativo y su director Pedro Zenteno es el responsable de la ineficiencia, por permitir posibles robos hormiga, además de las decisiones sobre qué puede y debe subrogarse para atender a pacientes, con oportunidad y costos menores, y qué puede cubrir la propia institución, que es bipartita.

Sin duda, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es una buena servidora pública y muy comprometida en sus labores. Pero resolver el problema requiere de la opinión especialmente del área médica que es la que enfrenta los problemas de atención a derechohabientes. No se trata solo de pesos y centavos, sino de vidas humanas.

El intento de AMLO para que la ONU se hiciera cargo de sus propias responsabilidades, encomendándole la operación para la compra consolidada de medicamentos en el mundo, fracasó, porque ONU no tiene la experiencia, no son sus funciones y muchas medicinas eran de dudosa calidad.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señaló que tras dos años de pandemia de COVID, México registró un retroceso de nueve años en el Índice de Desarrollo Humano, el cual mide la situación de la salud, educación y condiciones de vida. La salud fue la más afectada y regresó a valores de 1990, con menores posibilidades de vida tanto al nacer como al sobrevivir pues pasó de 75 a 71 años.

Hoy, el fallido INSABI anunció compras consolidadas de medicamentos y pidió a laboratorios sus precios mínimos y máximos, aunque advirtió no será una licitación pública, sino una adjudicación directa. Los laboratorios no están conformes con el proceso, pero participarán. Y desde luego el problema de la distribución subsiste. Esperemos no caduquen medicamentos y se compre lo que se requiere efectivamente. Los mexicanos hemos perdido mucho con la caída del sistema nacional de salud, sobre todo los más pobres. Ellos siempre van primero.

Fotografía: El Financiero. (Cuartoscuro)