Desde hace casi dos años, una parte importante de la sociedad mexicana ha venido dando muestras de descontento político, como los avisos de los icebergs que reportaban los vigías en el Titanic, a los que el capitán no les daba importancia. Esta insatisfacción se expresa como ruido en una señal de radar: difícil de descifrar con certeza. Conviven engañosamente la popularidad más o menos sólida del Presidente en alrededor del 60% y una creciente descalificación de su trabajo como gobernante. Una opinión pública mayoritaria —según el INEGI— reprueba el trabajo de este gobierno por erradicar o, por lo menos, combatir la corrupción, la promesa dorada del Presidente. En la Encuesta de Cultura Cívica del Inegi (Encuci 2020), 61.5% de los adultos encuestados considera que ahora hay más o igual corrupción que en el gobierno anterior, o sea, el de Enrique Peña Nieto; este porcentaje sube a 70% entre los jóvenes. Realizada en 2020, esta encuesta no pudo incluir el impacto de los escándalos de Pío López Obrador, Segalmex o, peor aún, el de “la casa gris”, que implica al hijo mayor del Presidente.

La actitud de los mexicanos hacia la corrupción ha cambiado notablemente en las últimas décadas. En la icónica serie Los valores de los mexicanos, desarrollada por Enrique Alduncin para Banamex en los 90, a las preguntas que justificaban “ayudar a un pariente si usted trabaja en el sector público” o “recibir un soborno porque el sueldo es muy bajo”, había una mayoría de respuestas afirmativas. Lo mismo para el reactivo “Si la ley es injusta, se vale violarla”.

En la Encuci 2020, un 86.2% está muy en desacuerdo con el uso de recursos públicos para beneficio personal y 83.8% también está muy en desacuerdo en utilizar un puesto público para ayudar a un pariente (“Es apropiado que apoye a sus amigos o familiares consiguiéndoles un trabajo en su oficina”). Y en vez de justificar la violación a la ley en el supuesto que no se esté de acuerdo con ella, los mexicanos de ahora proponen respetarla (un 27%) o intentar reformarla (47%).

Las partes sumergidas del iceberg con el que se tropezó el gobierno el domingo 13 de noviembre comprenden muchas otras variables: una situación económica incierta con precios altos en multitud de productos y servicios; el deterioro de la calidad de los servicios otorgados por el gobierno, incluyendo la salud y la atención a niños y niñas (¡casi 70% sin el cuadro de vacunas básicas!) y la apropiación por parte de la delincuencia organizada de crecientes regiones del país y segmentos de la actividad económica.

Más importante que todos los errores derivados de la ineptitud del actual gobierno es el efecto acumulativo de la catilinaria de insultos contra aquella parte de la sociedad que no concuerda o es francamente crítica hacia el rumbo que lleva este gobierno. El Presidente ha terminado por convencer al menos a la mitad del electorado que no desea ser su mandatario; que sólo gobierna para los que están con él, con “lealtad ciega” como él mismo exigió. Un psicoanalista diría que es una especie de pérdida del padre: me repudia, me insulta, me calumnia, me corre del hogar, ¿por qué he de seguir con él?

En las elecciones del verano de 2021 se hizo público el rechazo de la mitad del electorado al gobierno actual. Ahí estaban 19.5 millones de mexicanos votando en contra; el gobierno con una leve ventaja de un millón de votos. Este 13 de noviembre emergió a plena luz del día, marchando por las principales avenidas de México, sin la protección de la secrecía del voto, la parte visible del iceberg, la ciudadanía en defensa de una idea; la democracia, personificada en sus garantes, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Está tocado el gobierno debajo de la línea de flotación? Es posible que sí: demasiados errores acumulados, demasiado rechazo a valores que ahora son caros a la sociedad: el respeto a la ley, a la democracia, la integridad del INE, la salud de nuestros niños y niñas. Ahora, la responsabilidad está del lado de la oposición y no fallaremos.

Fotografía: Excélsior

Marchar no es competencia como lo pretende AMLO. La del 13 de noviembre sorprendió por la cantidad de personas que en CDMX, en el interior del país y en el extranjero repudiaron la Reforma Electoral propuesta para acabar con las instituciones electorales y adueñarse del proceso electoral. Fue un rotundo NO al autoritarismo. Permitió además recomponer la alianza Va por México y acabó por darle la puntilla al proyecto constitucional, ya cuestionado por PT y PVEM.

La marcha de AMLO tiene diversas connotaciones. Una marcha desde el poder para aplaudirse a sí mismo resulta algo inédito. Quizá la intención sea amedrentar a la oposición; advertir desde ahora que él seguirá en campaña y, como siempre, no admitirá una derrota; amenazar con su radicalización para advertir que puede haber violencia si lo desafían, pues cuenta con una base electoral combativa.

Sea como fuere, lo cierto es que solo se denota miedo. AMLO teme perder el poder, y pese a que no ha aportado nada al país, y no puede hablar de logros de gobierno, anuncia más apoyos sociales para fortalecer el clientelismo. A falta de contenido de la 4T, ahora la define como humanismo mexicano. Suena hueco, sin medicinas, sin salud, con mal manejo epidemiológico, con violencia, con miles de muertos, cerca de 130 mil, más de 32 mil desaparecidos, más de 10 feminicidios diarios, 63 periodistas asesinados.

Con más de 4.5 millones de pobres, con pérdidas millonarias por uso de recursos públicos a obras inútiles, con pago de deuda con el TUA por cancelar NAICM Texcoco, con mayor deuda pública y con inflación. Con una polarización social útil a su autoritarismo. No gobierna para todos, se enriquecen sus camarillas. Los mexicanos sufren. ¿Cuál humanismo?

Hoy lo que está en riesgo es la democracia porque los pésimos resultados los padecemos todos. Él lo sabe, y pese a su popularidad, entiende el descontento, la desconfianza y el riesgo real de que si se conforma un bloque opositor respaldado por la ciudadanía, se le escapa el poder, su riqueza y hasta puede ser juzgado por delitos. Por eso no va a ceder nada. Su propia persona y su familia en peligro. Si bien su Reforma Electoral expresa su deseo de conducir el proceso electoral, lo que es inaceptable, y lo cuestionan sus propios aliados condenados a muerte, lo cierto es que tras el rechazo a su proyecto, tendrá el discurso perfecto para modificar a su arbitrio las leyes electorales, con su mayoría.

La marcha del 13 tiene el mérito de haber reunificado a la oposición que estaba alejada. Se frenó la tentación de una reforma constitucional parchada. No salió al pleno la discusión porque aún Morena no convence al PT y al PVEM de las reformas legales. Y sin ellos no tiene mayoría. La Alianza Va por México se la quitó en 2021 y la rehízo con aliados, pero éstos salen caros y son rejegos. No van a votar iniciativas que los pongan en riesgo de desaparecer o les retiren el financiamiento público, por mencionar solo dos aspectos. Quieren más poder, no retirarse del escenario. Y ahí hay una traba, que se superará con canonjías.

Luego vendrán las iniciativas de reformas legales, en fast track, en la Cámara de Diputados, la oposición solo puede intentar alargar la discusión. En el Senado pueden pasar o no las propuestas; está en veremos pues el todavía coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ha reiterado que no se aprobarán leyes inconstitucionales. Como sea, lo que se apruebe, como será contrario al INE y al TEPJF, a los que ya los ahorcan presupuestalmente y quieren disminuir sus facultades, será impugnado ante el propio TEPJF y la SCJN. Puede haber controversia de tesis.

La vía jurisdiccional llevará su tiempo, pero en abril de 2023 deberán elegirse nuevos consejeros del INE y a su presidente, esa será otra gran batalla. Depende de si se modifica el proceso en la ley. Son cuatro reemplazos, hasta el momento, deben ser propuestos por la CNDH (seguro dos obradoristas), por el INAI (dos posibles independientes) y tres por la Cámara (quizá por Morena, PAN y PRI), que conforman un Comité Técnico que integra cinco propuestas para cada cargo, a ser electos por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados. Si Morena propone perfiles radicales, como últimamente lo hace AMLO, será muy difícil lograr acuerdos. Si no se logran, se puede insacular a los propuestos, (que Dios nos bendiga), en la Cámara o en la SCJN. Ahí se definirá el destino y la vigencia del INE como árbitro en 2024.

Además de resolver estas complejas situaciones, aún está por consolidarse un bloque opositor con un candidato único a la Presidencia, y para tal efecto deberá definirse un método en el cual participen los ciudadanos, de lo contrario un candidato cupular no tendrá la misma fuerza. Un camino es impulsar gobierno de coalición, a reglamentarse por el nuevo Congreso, con mayorías parlamentarias de coalición, para cambiar el presidencialismo de un solo hombre. Los equilibrios y el debate se harían en el gabinete y en el Congreso, de ahí saldrían las propuestas para órganos autónomos y ministros de la SCJN. Se requiere además de un programa de gobierno realista que contenga las propuestas y causas de la sociedad.

Así que actívese. No es cierto que Morena va a ganar en 2024, depende de nosotros y la diferencia es su participación. Puede hacerlo en alguna organización de la sociedad civil, en Unid@s, en el Frente Cívico Nacional, organizar a su comunidad, a su familia, a sus amigos, socios, compañeros de trabajo. A los decepcionados y abstencionistas hay que decirles que voten, porque quizá sea la última vez que su voto valga y se cuente bien.

Desde luego hay temas en la agenda nacional que no se soslayarán, como el combate a la pobreza, pero no con dádivas sino con oportunidades de superación permanentes; la desigualdad entre regiones del país; pero con políticas regionales que aprovechen vocación y productividad; el acceso a la salud, no como enunciado, sino con el rescate de un sistema universal; una educación de calidad basada en la ciencia y no en la ideología; inversión y empleo como movilidad social conforme a nuestras fortalezas en la globalización, que son muchas. Tener el país que merecemos es nuestra responsabilidad.

Fotografía: El Financiero

YO propongo una marcha, primero para apoyar mi Reforma Electoral, y luego cambio, para apoyar YO a mi gobierno. YO dejo mi Palacio y YO convoco asistentes. YO encabezo el rumbo. YO pago los gastos. YO doy el discurso. YO me retiro a mi Palacio. ¿Cómo se llamó la obra? La Marcha del YO-YO.

Todo para YO desagraviarme. YO soy el dueño de las calles. YO soy el de las protestas. YO polarizo. YO quiero seguir al mando del país. El ego del YO-YO está lastimado. Por eso va a forzar la mayor marcha jamás vista, con el apoyo de los gobiernos federal, estatales, alcaldías y municipios. Porque YO les doy ayudas a miles y miles de familias, YO merezco ese reconocimiento.

YO cambiaré reglas, atribuciones y facultades, Yo elegiré a los Consejeros del INE, porque YO soy el más popular, el más amado por el pueblo. Los otros nada representan, nada importan, YO ya he dado todos los calificativos y ofensas que merecen, y YO me quedé corto.

El YO-YO así se comporta. Su regalo de cumpleaños no le gustó. El berrinche es mayúsculo porque entre el Rey del Ca$h, las Guacamayas y ahora la Marcha por la Democracia #ElINENoSeToca, lograron sacarlo de sus casillas. Ahora se cuestiona su honestidad, su popularidad, su verdad, su familia. Y eso no puede permitirlo.

De hecho es intrascendente cuantos asistan a su marcha. No expresa una voluntad popular. Lo interesante en este caso es que siempre se habló de que no había oposición; se buscó dividir a la Alianza Va Por México, se lograron algunos avances. Y así, de repente, las redes sociales son el medio para las organizaciones de la sociedad civil convocar a tomar las calles para mostrar su rostro y no quedarse sólo en críticas y protestas virtuales. Empezó con el Frente Cívico Nacional y pronto se unieron seis organizaciones para formar Unid@s, y a la convocatoria se adhirieron 35 organizaciones civiles. La marcha fue nacional, 32 entidades registraron marchas en 60 ciudades, cerca de 1 millón 200 mil personas se manifestaron, conforme la información recopilada por el propio FCN. A nivel internacional, también se dieron marchas en ciudades europeas, en EEUU y en Canadá.

Aun cuando muchas organizaciones civiles no quieren tener contacto con los partidos, en esta ocasión se les convocó porque el mensaje se dirigía a sus legisladores y sus votos. Asistieron PAN, PRI y PRD que tomaron el compromiso de representarnos.

Ni los organizadores teníamos idea de cuántos asistirían, el mayor propagandista fue el YO-YO, pues probablemente él si tenía más información y al tratar de sembrar la discordia fortaleció la convocatoria. Así, organizaciones, ciudadanos, que no tenían una vía de expresión de su inconformidad de repente encontraron una opción; la usaron y el movimiento apenas inicia. Contrario al gobierno y su partido, no hay estructuras, ni recursos, se dan decisiones colegiadas, con las dificultades propias del caso y se circulan sugerencias. La primera propone usar prendas rosas y blancas, el día 27 y seguir con las actividades personales y familiares.

El YO-YO va a reformar leyes electorales para frenar el proceso de un cambio del sistema político para continuar su proceso democratizador. Pero México ya no es el país de un solo hombre. Somos una nación importante en el contexto mundial, formamos parte del bloque regional más grande del mundo, hemos incrementado productividad, exportaciones, hemos atraído capitales e inversiones, creado empleos, logrado reformas electorales de consenso que destierran conflictos en un marco de certeza, transparencia, equidad y legalidad. Falta aún cerrar brechas entre regiones y grupos sociales, pendiente histórico que debemos resolver con políticas sociales adecuadas, no caritativas, sino de superación de la pobreza.

Si, son muchos los retos, pero así, como vamos, no se superarán. Por el contrario, se retrocede en salud, educación, economía, empleo, libertades, inversiones, cultura, democracia, instituciones, la destrucción es impresionante. Reconstruir requerirá del esfuerzo de las nuevas generaciones, de la experiencia de otros actores, de una nueva forma de gobierno basado en las comunidades. Una nueva gobernanza para unir esfuerzos y visiones distintas que aporten las diferencias para encontrar la mejor solución. México está en marcha.

Fotografía: El Financiero

AMLO no necesariamente busca entregar el gobierno al ejército; busca acabar con las instituciones democráticas para apuntalarse en el poder. Las elecciones son la vía para crear gobierno e instituciones que atiendan a la población; desnaturalizarlas es perpetrarse al frente del país, no por decisión popular, es tomar por asalto el poder al invalidar la certeza, imparcialidad y legalidad en la conformación del Estado.

Por eso su engañosa propuesta de Reforma Electoral bajo el pretexto de austeridad no se justifica. Centralizar las elecciones en un único órgano federal resultará mucho más caro que los actuales Oples y los tribunales estatales. Simplemente, al organizar elecciones municipales con funcionarios, los respectivos viáticos por meses, actuando por consigna y no por interés nacional porque se reducen cabildos plurales. Lo que busca es el control. La democracia es mucho más barata y útil que sus elefantes blancos.

La democracia construye instituciones y gobierno, por eso, pese a sus fallas, los partidos políticos son entidades de interés público y su financiamiento debe transparentarse. Son el canal de expresión de la ciudadanía y deben estar a la altura de una defensa total contra pretensiones caudillistas.

Sociedad civil y partidos opositores tienen el reto de impedir que haya un retroceso. El INE y el TEPJF son bien calificados, porque organizan elecciones donde los actores son los ciudadanos, por eso gozan de aprobación y gran reconocimiento internacional.

La propuesta busca acabar con la pluralidad; asegurar mayorías legislativas por dos vías, reducir el número de legisladores y votar por listas que elaboren los partidos, sin cuestionamiento de candidatos indeseables pero fieles. Disminuir el financiamiento a autoridades electorales y partidos para reducir su competitividad y responsabilidades. Minimizar procesos y mantener consejeros y magistrados electorales, en menor número, con mayores cargas de trabajo que minen su desempeño.

Elegir autoridades electorales por voto popular, en detrimento de experiencia y conocimientos. Acabar con la profesionalización de estas instituciones. Permitir propaganda oficial en procesos electorales y disminuir el acceso de partidos a medios de comunicación. Actores que trabajarán por consigna, no conforme a derecho. Se desmantela el padrón electoral que pasa al control de Estado, a ver quién puede votar, ya sin intervención del INE. Se rompe vínculo entre legislador y ciudadano, todo lo deciden las cúpulas partidistas.

Aun cuando Morena y aliados no tienen votos para reforma constitucional, pueden optar por cambios a la legislación electoral, como fiscalización, multas, delitos electorales, alianzas, tiempos en medios, propaganda gubernamental, lo que les daría ventajas en financiamiento ilegal y participación de gobierno en los procesos.

¡Hay alerta nacional! Es un golpe a la creación de gobiernos e instituciones. Muchos no lo dimensionan, pero es urgente alzar la voz, protestar, tomar las calles, es nuestro destino común, la convivencia de lo diverso que caracteriza igualdad y libertades. Ese es el reto.

Hasta el episcopado mexicano ha convocado a resistir. Hacen una defensa del INE y del TEPJF que abrieron camino para la democracia real en México e hicieron posible la alternancia. Aseguran que la iniciativa de AMLO es altamente regresiva y agravia la representación de mayorías y minorías, elimina autonomía e imparcialidad en el soporte del Estado Mexicano. Piden no poner en riesgo la estabilidad y gobernabilidad del país.

Este 13 de noviembre, el Frente Cívico Nacional y otras organizaciones de la sociedad civil, constituidas como Unid@s, convocamos a una marcha en defensa del INE y el TEPJF. No podemos callar; hay que alzar la voz, participar en la movilización es un rechazo rotundo a un autoritarismo creciente.

Puedes participar asistiendo, comparte en redes toda la información, acompañen en los estados la marcha, coloquen mantas en sus ventanas, en sus casas, con la frase #El INE no se toca, socializa el tema con familia, amigos y vecinos.

¡Estamos en emergencia nacional! Todos debemos unirnos, sociedad civil, organizaciones feministas, discapacitados, grupos vulnerables, comunidad LGBTT+, sindicatos, partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, grupos liberales, académicos, periodistas, estudiantes, maestros, líderes vecinales. Debemos alzar la voz contra la tiranía. Después no habrá espacio para expresarnos. Es hoy que tenemos que frenar la destrucción de nuestra democracia, nuestras libertades y derechos. No faltes el 13 de noviembre, 10:30 en Ángel de la Independencia.

Fotografía: El Financiero

AMLO no necesariamente busca entregar el gobierno al ejército; busca acabar con las instituciones democráticas para apuntalarse en el poder. Las elecciones son la vía para crear gobierno e instituciones que atiendan a la población; desnaturalizarlas es perpetrarse al frente del país, no por decisión popular, es tomar por asalto el poder al invalidar la certeza, imparcialidad y legalidad en la conformación del Estado.

Por eso su engañosa propuesta de Reforma Electoral bajo el pretexto de austeridad no se justifica. Centralizar las elecciones en un único órgano federal resultará mucho más caro que los actuales Oples y los tribunales estatales. Simplemente, al organizar elecciones municipales con funcionarios, los respectivos viáticos por meses, actuando por consigna y no por interés nacional porque se reducen cabildos plurales. Lo que busca es el control. La democracia es mucho más barata y útil que sus elefantes blancos.

La democracia construye instituciones y gobierno, por eso, pese a sus fallas, los partidos políticos son entidades de interés público y su financiamiento debe transparentarse. Son el canal de expresión de la ciudadanía y deben estar a la altura de una defensa total contra pretensiones caudillistas.

Sociedad civil y partidos opositores tienen el reto de impedir que haya un retroceso. El INE y el TEPJF son bien calificados, porque organizan elecciones donde los actores son los ciudadanos, por eso gozan de aprobación y gran reconocimiento internacional.


La propuesta busca acabar con la pluralidad; asegurar mayorías legislativas por dos vías, reducir el número de legisladores y votar por listas que elaboren los partidos, sin cuestionamiento de candidatos indeseables pero fieles. Disminuir el financiamiento a autoridades electorales y partidos para reducir su competitividad y responsabilidades. Minimizar procesos y mantener consejeros y magistrados electorales, en menor número, con mayores cargas de trabajo que minen su desempeño.

Elegir autoridades electorales por voto popular, en detrimento de experiencia y conocimientos. Acabar con la profesionalización de estas instituciones. Permitir propaganda oficial en procesos electorales y disminuir el acceso de partidos a medios de comunicación. Actores que trabajarán por consigna, no conforme a derecho. Se desmantela el padrón electoral que pasa al control de Estado, a ver quién puede votar, ya sin intervención del INE. Se rompe vínculo entre legislador y ciudadano, todo lo deciden las cúpulas partidistas.

Aun cuando Morena y aliados no tienen votos para reforma constitucional, pueden optar por cambios a la legislación electoral, como fiscalización, multas, delitos electorales, alianzas, tiempos en medios, propaganda gubernamental, lo que les daría ventajas en financiamiento ilegal y participación de gobierno en los procesos.

¡Hay alerta nacional! Es un golpe a la creación de gobiernos e instituciones. Muchos no lo dimensionan, pero es urgente alzar la voz, protestar, tomar las calles, es nuestro destino común, la convivencia de lo diverso que caracteriza igualdad y libertades. Ese es el reto.

Hasta el episcopado mexicano ha convocado a resistir. Hacen una defensa del INE y del TEPJF que abrieron camino para la democracia real en México e hicieron posible la alternancia. Aseguran que la iniciativa de AMLO es altamente regresiva y agravia la representación de mayorías y minorías, elimina autonomía e imparcialidad en el soporte del Estado Mexicano. Piden no poner en riesgo la estabilidad y gobernabilidad del país.

Este 13 de noviembre, el Frente Cívico Nacional y otras organizaciones de la sociedad civil, constituidas como Unid@s, convocamos a una marcha en defensa del INE y el TEPJF. No podemos callar; hay que alzar la voz, participar en la movilización es un rechazo rotundo a un autoritarismo creciente.

Puedes participar asistiendo, comparte en redes toda la información, acompañen en los estados la marcha, coloquen mantas en sus ventanas, en sus casas, con la frase #El INE no se toca, socializa el tema con familia, amigos y vecinos.

¡Estamos en emergencia nacional! Todos debemos unirnos, sociedad civil, organizaciones feministas, discapacitados, grupos vulnerables, comunidad LGBTT+, sindicatos, partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, grupos liberales, académicos, periodistas, estudiantes, maestros, líderes vecinales. Debemos alzar la voz contra la tiranía. Después no habrá espacio para expresarnos. Es hoy que tenemos que frenar la destrucción de nuestra democracia, nuestras libertades y derechos. No faltes el 13 de noviembre, 10:30 en Ángel de la Independencia.

Fotografía: El Universal

Defender al INE de la destrucción es hoy el centro vital de la sobrevivencia de la democracia en México. Se han vertido argumentos hasta la saciedad, pero el sordo autócrata de Palacio, acompañado de su séquito parlamentario, ofrece como única respuesta la razón de Estado disfrazada de falsa voluntad popular. En la decisión política únicamente su voluntad puede imponerse y todo lo que no sea expresión o reflejo de ella (la pluralidad, el diálogo democrático) debe desecharse, demonizarse y anularse. El autócrata dice que los argumentos de la oposición son los de sus “adversarios”, pero en la práctica son sus “enemigos” y así los trata, suprimiéndolos. Su afinidad electiva es el autoritarismo. Su preferencia abierta es por Cuba, Venezuela, Nicaragua y la “Unión Soviética” —que según su ignorancia no se autodisolvió con el Tratado de Belavezha en 1991, ni fue reemplazada por una oligarquía cleptócrata—. Esta afinidad le llama a imponer el estado de excepción. Trata de hacerlo a través de una Constitución maleable y maleada por la tradición de faccionalismo que nunca ha abandonado a la política mexicana.

Buscará, pues, destruir al INE con la complicidad de legisladores de partidos de la oposición que serán debidamente “convencidos” —o persuadidos y comprados— y que, con el argumento de sumarse a las mayorías, podrían dar paso a una regresión equivalente a la asonada de Porfirio Díaz contra la República o al derrocamiento de Madero por Huerta. Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca y preferido de AMLO, lo ha dicho sin ambages en la pasarela del PRI: hay que “unirse a las mayorías”, es decir, a AMLO-Morena.

La “mayoría” de la que AMLO se jacta es ficticia. Es indudable que la obtuvo en 2018, pero la perdió en 2021 (ambas las contó el INE). Según las encuestas, su popularidad es alta, pero también es alta la desaprobación de la mayor parte de sus políticas. El fracaso de su gobierno es contundente. La mayoría de los ciudadanos quiere la renovación electoral y AMLO trata de impedirla para controlar la sucesión presidencial en su favor, ya sea con él mismo o con alguna de sus corcholatas. Ninguna de estas opciones tiene garantía de triunfo a menos que se destruya el actual sistema electoral. La idea es muy simple: extirpar (otra vez) la democracia de la Constitución, como en 1933.

La mayoría preferiría otro tipo de políticas y, a juzgar por el prestigio del INE, también prefiere la permanencia de la autoridad electoral. Según la edición de septiembre de la encuesta GEA-ISA, el 66% de encuestados dice que el INE cumple bien con sus funciones y 64% dice lo mismo del Trife. AMLO ha sido hábil para desprestigiar ambas instituciones con el cuento de que son caras, pero nada tan caro como este gobierno, cuyos despilfarros suman el presupuesto del INE multiplicado por miles. La engañifa va calando y amenaza con hacerse realidad.

En sentido contrario se extiende poco a poco la convicción de que si se realiza esta contrarreforma, la democratización del país sería severamente truncada y daría paso a la imposición ilegítima de una forma de pensar y de vivir que nos regresaría a los peores momentos del siglo XX, cuando toda disidencia fue reprimida por no coincidir con la “doctrina” del “régimen de la revolución”. Esta doctrina admitió de todo: desde el cardenismo hasta el neoliberalismo. Lo que no aceptó nunca, hasta mediados de la última década del siglo pasado, fue el juego limpio de la competencia política con partidos distintos y con las mismas oportunidades de triunfo. Ese cambio no fue una graciosa concesión; se lo arrancaron la sociedad civil organizada, la disidencia social creciente y un país que no quiso ya ser encerrado en una sola idea, en un “proyecto de nación” único, como anacrónicamente se le sigue llamando.

El proyecto obradorista de reforma electoral es el camino a la autocracia que proponen e imponen los populismos de derecha y no pocos de izquierda. Es otra contribución más de AMLO a la utopía global de los autócratas…, esas escorias de raigambre totalitaria que han retornado del pasado más oscuro.

Fotografía: El Universal

Con suma tristeza y desesperación hemos podido observar cómo en este gobierno federal nuestras Fuerzas Armadas —Defensa y Marina— que en el pasado eran un orgullo para todos los mexicanos y con las que estábamos profundamente agradecidos por acciones como la implementación del Plan DN III y el Plan Marina ante desastres naturales y también destacadamente por su combate al crimen organizado, hoy son utilizadas para un sinfín de tareas para las cuales no fueron ni formadas ni capacitadas, tareas que si bien son loables y necesarias debieron y deben ser desarrolladas por otras dependencias. 

Desgraciadamente las Fuerzas Armadas también han sido obligadas a comportarse como floreros, es decir a no hacer nada ante hechos que han resultado —y siguen resultando— sumamente dañinos para con prácticamente todo el país. 

La información que hoy tenemos gracias a las denominadas “Guacamaya Leaks” así nos lo confirma. Dolorosamente hoy sabemos que la Secretaría de la Defensa —asumo que Presidencia también— y gracias a sus invaluables labores de inteligencia conocía y conoce de la actividad criminal en todo el país, conocía y conoce de las ligas entre criminales y autoridades corruptas, y simplemente: ¡NO PASA NADA!

Los criminales y las autoridades corruptas siguen haciendo de la suyas. Marinos y soldados son obligados a no hacer nada, es decir son obligados a fungir como floreros. Función que la gloria y el prestigio labrado por años y años por miles de marinos y soldados que hasta la vida llegaron a entregar, no puede tolerar. Personalmente me duele y mucho verlos así: como floreros.

Fuente de los Deseos: Ojalá los altos mandos en las Secretarías de Defensa y Marina exijan el que se les permita cumplir con su deber. Ojalá reflexionen y se den cuenta de que su lealtad debe ser para con la Nación tal y como había venido sucediendo y que no son “peleles del presidente” aunque este sea su Comandante Supremo, ojalá recuerden que por encima del mando presidencial está el pueblo de México. 

Exsenador

Fotografía: El Universal