Los días transcurridos en el sexenio son una muestra de la enorme frecuencia con que los funcionarios públicos –casi siempre por órdenes presidenciales– se apartan de la legalidad. Desde el decretazo presidencial de abril de 2019, en el que instruye a tres secretarios a dejar sin efecto “todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”, hasta la declaratoria como obra prioritaria y tema de seguridad nacional del Tren Maya (15-07-2022), la Constitución y las leyes son objeto de incumplimiento sistemático.
Aun con el presidencialismo desbocado al que hemos retornado, seguramente el Presidente no será sujeto de sanción alguna. Pero si un secretario de Estado –y de ahí para abajo– sigue una orden del Presidente y ésta es ilegal, el servidor público estará incurriendo en una falta administrativa o, incluso, penal.
La semana pasada fuimos testigos de tres conjuntos de ilegalidades de las cuales, además, se ha hecho gala ya sea en las mañaneras, en mítines partidistas o en discursos y declaraciones.
Cuando comenzaron a interponerse los amparos contra la construcción del Tren Maya, el propio Jiménez Pons –entonces director de Fonatur– declaró que los querellantes tenían todo el derecho de hacerlo. Varios de ellos lograron la suspensión provisional “para el efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo 5, sector sur, del Proyecto Tren Maya”. El juez primero de Distrito en el estado de Yucatán –Adrián Fernando Novelo Pérez– fue muy claro en que “la suspensión es obligatoria para las dependencias del gobierno federal, así como a cualquier empresa privada contratada por las mismas para realizar trabajos de construcción del tramo 5, sector sur, del Tren Maya”. La orden no fue acatada en abierto desafío a la suspensión dictada por el juez. De hecho, la ley ya se había violado previamente, pues Fonatur comenzó los trabajos de construcción sin contar con los estudios de impacto ambiental necesarios.
El pasado 30 de mayo, el mismo juez ordenó la suspensión definitiva de las obras. Y dictaminó que la obra debía paralizarse hasta que se resolviera el juicio contra el proyecto.
Ante tal revés, el titular del Ejecutivo descalificó a los promoventes por conservadores y enemigos de México, recurrió al cobijo del llamado acuerdazo de noviembre de 2021 –también de dudosa legalidad– para que los amparos no procedieran. Gracias a él, el Consejo de Seguridad Nacional –presidido por el mismo Presidente y cuyo documento no es público– declaró al Tren Maya como obra de seguridad nacional y garantizó que ningún recurso legal frenará su proyecto. Aun así, queda la duda de si el amparo definitivo debería seguir en firme, pues fue otorgado antes de la declaratoria del Tren Maya como de seguridad nacional. De lo que no queda duda es de que la SCJN nos debe la respuesta de si un acto administrativo está por encima de la Ley de Amparo, de la Ley de Responsabilidad Ambiental y de la propia Constitución.
La segunda afrenta a la legalidad provino de servidores públicos, funcionarios electos e integrantes de Morena que, en los dichos y en los hechos, resolvieron no acatar las resoluciones del TEPJF. Este máximo tribunal, por mayoría de votos, resolvió que la jefa de Gobierno, el secretario de Gobernación y el senador Monreal debían abstenerse de organizar y participar en actos proselitistas como los realizados en Toluca y Saltillo, el mes pasado. Es un misterio por qué no se menciona a Ebrard que ha hecho lo mismo. La resolución del Tribunal incluye a muchos otros funcionarios y ocupantes de cargos de elección popular: gobernadores, diputados y al líder del Morena.
Todos desafiaron primero los exhortos y medidas dictadas por el INE y, después, la resolución del Tribunal. Lo han hecho sin consecuencia alguna y día tras día retan a las autoridades electorales persistiendo en la misma conducta. Además, se han dedicado a denostarlas públicamente, mencionando que los consejeros del INE ya se van y que pronto cambiarán la Ley Electoral. Ésa, que exigieron ellos mismos cuando eran oposición.
La tercera ilegalidad la cometió la gobernadora de Campeche. Un juez otorgó al presidente del PRI un amparo para detener la publicación y distribución de audios ilegales. Como respuesta, ese mismo día, por la noche, Layda Sansores decidió difundir otro video.
Podemos estar de acuerdo o no en las decisiones de los jueces, pero no debería haber más remedio que acatarlas porque la ley es la ley, pésele a quien le pese.
Pero parece que como México no hay dos. En cualquier país que se respete, el desacato de un mandato judicial conlleva responsabilidad penal; aquí no.
